La impunidad para la violencia sexual durante el conflicto armado no permite a las mujeres el ejercicio del derecho a la paz

 

La Primera Encuesta de Prevalencia de la Violencia Sexual en contra de las Mujeres en el Contexto del Conflicto Armado (Envise), publicada en 2010 y aplicada en 407 municipios colombianos con presencia de actores del conflicto, señalaba que la prevalencia de violencia sexual entre 2001 y 2009 era del 17,6%, lo que equivale a decir que 489.687 mujeres declararon haber sido víctimas directas de violencia sexual (74.698 de guerrillas y paramilitares y 21.036 de la fuerza pública). La encuesta también reveló que el 82,2% de estas mujeres víctimas no formularon ninguna denuncia y que el 73,9% consideraban que la presencia de los grupos armados en sus territorios era un obstáculo para ello[2]. A ello se suma otro factor que favorece la no denuncia y, por ende, la invisibilidad y la impunidad, que es el desconocimiento de las víctimas de actos considerados como de violencia sexual: 4 de cada 10 mujeres encuestadas[3] no eran conscientes de que habían sido víctimas de algún tipo de esta violencia hasta que fueron indagadas y se les preguntó si habían sido afectadas directamente por violación, prostitución forzada, embarazo forzado, aborto forzado, esterilización forzada, acoso sexual, servicios domésticos forzados o regulación de su vida social.

Asimismo, el 64,3% de las mujeres percibían que la presencia de actores armados incrementaba la violencia sexual en el espacio público; pero lo que más llama la atención es que el 49,3% de las mujeres consideraban que tal presencia aumentaba la violencia sexual en el espacio privado[4], en el que, además, hay una ‘naturalización’ de esa violencia.

Por su parte, ONU-Mujeres reporta que la población de mujeres víctimas de desplazamiento interno forzado a causa de la violencia armada practicada por los diversos actores se estima, entre 1995 y 2011, en más de 2’700.000 mujeres, el 51% del total de personas en condición de desplazamiento, y que, de ellas, el 15,8% se reconocían como víctimas de violencia sexual[5].

Pero que los delitos de violencia sexual se encuentren incluidos en los acuerdos que están suscribiéndose en La Habana no garantiza el derecho a la justicia. De hecho, pese a instrumentos del actual sistema jurídico, como varias sentencias de la Corte Constitucional y sus autos, así como la Ley 1719 de 2014 –por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado–, subsiste la rampante impunidad, que bordea el 98%[6].

En el Informe del examen preliminar, actividades (2014), la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, expresó su preocupación por la altísima impunidad para estos delitos en Colombia: “A pesar de las dimensiones del fenómeno, el número de procedimientos [legales] relativos a violaciones y otras formas de violencia sexual cometidas en el conflicto armado sigue siendo limitado”[7]. Preocupa a la CPI que por este tipo de delitos solo ha habido una condena a un militar[8], más presionada por la opinión pública y la cobertura importante de los medios de comunicación que como fruto de una política de justicia[9]. Si se analizan las cifras derivadas de la aplicación de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, de los 57.000 crímenes confesados por los 31.000 paramilitares desmovilizados y sindicados de haber cometido crímenes de guerra, únicamente 86 son de violencia sexual[10].

También la impunidad se refleja en los datos que aporta la CPI en su informe de 2014. A la no denuncia y la invisibilidad del fenómeno, se agrega la mínima efectividad de la Justicia en los casos denunciados o confesados: a marzo de 2013, de los escasos 183 casos documentados de violencia sexual durante el conflicto armado, apenas se habían proferido cinco condenas y una absolución, 95 se encontraban en investigación preliminar y 26 no tenían avances[11].

En tanto el Estado en su conjunto no tome la decisión de combatir la impunidad para los delitos de violencia sexual contra las mujeres, tanto en el marco del conflicto armado como fuera de él, no será posible la justicia, ni mucho menos la verdad, la reparación y la no repetición. Bogotá, como receptora del 7,4% del total de personas en condición de desplazamiento forzado[12], a través de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, ha impulsado el acompañamiento socio-jurídico de las mujeres víctimas de violencia sexual, como una acción que puede contribuir a disminuir las cifras escandalosas de impunidad, así como el fomento del conocimiento y la apropiación del Auto 092 de 2008, correspondiente a la sentencia de la Corte Constitucional T-025 de 2004, que tiene como punta de lanza a un “grupo de mujeres que denuncia la violencia sexual y hostigamientos que tuvieron como lideresas, [y] que fueron además atacadas en el contexto de la ciudad”[13].

No obstante, si no concurren la voluntad de los órganos encargados de aplicar Justicia, la del Ejecutivo y el Legislativo en todos los niveles territoriales, la de los distintos actores armados legales e ilegales y la de la sociedad colombiana en general para que se reconozcan y se visibilicen las víctimas de violencia sexual durante el conflicto interno armado y sean reparadas, no será posible el verdadero ejercicio del derecho a la paz para las mujeres. Para ello, es también imprescindible que la ciudadanía se comprometa con el proceso de refrendación de los acuerdos de La Habana y se apropie de lo que ellos significan para una nueva cultura de paz que gire alrededor de la resolución pacífica de los conflictos. Solo así se podrá hablar de una paz incluyente, estable y duradera.

[1] En la introducción del artículo “Exámenes médico-legales por presunto delito sexual. Colombia, 2014”, publicado en Forensis 2014 (pp. 275-318), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses afirma que “Una de las realidades más palpables de nuestro país, en la que al igual se presenta mayor riesgo, probabilidad y exposición al desarrollo de la violencia sexual es el conflicto armado colombiano” (p. 279). Al referirse a los casos de violencia sexual con exámenes médico-legales (solo incluye una parte de esta clase de delitos) conocidos por ese Instituto en 2014, informa: “El comportamiento según el sexo de la víctima evidenció que el 85,09% de los casos fueron mujeres” (p. 281).

[2] Primera Encuesta de Prevalencia de la Violencia Sexual en contra de las Mujeres en el Contexto del Conflicto Armado. Consultar

[3] Ibídem.

[4] Ibídem.

[5] ONU-Mujeres (sf). Situación de los derechos de las mujeres en Colombia. Consultar

[6] Parrado Morales, Stefannía (junio de 2014). Cuerpos dolientes: sobre la reparación en mujeres indígenas víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano. Ciudad Paz-Ando 7(1), 24-27. Consultar

[7] Corte Penal Internacional - Oficina del(a) Fiscal (diciembre de 2014). Informe del examen preliminar, actividades (2014) p. 29. Versión disponible en inglés y ver traducción del OMEG.

[8] Ibídem, p. 29.

[9] Se refiere la CPI al caso del subteniente que en octubre de 2010 cometió la violación y el homicidio contra una niña y dos niños en Tame, Arauca.

[10] El Espectador (03 de diciembre de 2014). Radiografía de la violencia sexual en Colombia. Consultada en http://www.elespectador.com/noticias/judicial/radiografia-de-violencia-sexual-colombia-articulo-531310

[11] Corte Penal Internacional - Oficina del(a) Fiscal (diciembre de 2014). Informe del examen preliminar, actividades (2014) p. 30. Versión disponible en inglés y consultar

[12] Según el Registro Único de Víctimas, a agosto de 2015, hay 7’558.854 víctimas del conflicto armado; de ellas, 561.600 son personas en situación de desplazamiento forzado registradas en Bogotá.

[13] Declaraciones de Ana Teresa Bernal, Alta Consejera para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, en Bogotá. Consultar