Nota informativa sobre feminización de la pobreza y economía del cuidado

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Desde diferentes perspectivas, ha sido posible reconocer que en el mundo existe una relación entre mujeres y pobreza. 

Las desigualdades económicas han afectado principalmente a las mujeres y es por ello por lo que, desde hace un par de décadas, se ha empezado no solo a estudiar la relación entre género y pobreza, sino a construir compromisos internacionales y nacionales que propendan por la mejora de la situación socioeconómica de millones de mujeres en el mundo. Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el mundo 1.500 millones de personas son afectadas por la extrema pobreza; de ellas, el 70% son mujeres. Por otra parte, según la FAO, menos del 20% de quienes poseen tierras son mujeres[1]

Para enfrentar esta problemática, en 1995 se firmó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que apunta a la manera en que los Estados deben afrontar la forma desproporcionada en la que la pobreza afecta a las mujeres. Desde la aprobación de este documento, los Estados y las organizaciones multilaterales han avanzado en la construcción de planes, políticas públicas y programas que, a partir de la educación y la economía, le apuesten a la igualdad. 

Según la Unesco, dos tercios de los casi 800 millones de personas analfabetas en el mundo son mujeres. El acceso de ellas a una educación de calidad puede aportar al equilibrio de la balanza, pues su exclusión del sistema educativo les limita la posibilidad de tener empleos formales y fomenta la informalidad laboral, que afecta a las mujeres tanto en el entorno rural como en el urbano. De acuerdo con ONU Mujeres, en las zonas rurales, la mayoría de las mujeres obtienen sus ingresos de actividades agrícolas a pequeña escala, de manera informal casi siempre y, en algunas ocasiones, sin remuneración. 

Ahora bien, otro de los factores que ha contribuido a la llamada feminización de la pobreza es el trabajo del cuidado no remunerado. Las responsabilidades de la maternidad y del cuidado de otras personas (enfermas, adultas mayores y niñas y niños) recaen principalmente sobre las mujeres debido a la perpetuación de los roles de género, lo cual ha llevado a que una proporción significativa de la población femenina vea limitado su acceso a la educación, a empleos formales y al sistema de seguridad social, entre otros derechos. Este panorama, naturalmente, tiene un impacto negativo sobre los ingresos de las mujeres, incluso para aquellas que tienen trabajos formales, pero son afectadas por la doble jornada, puesto que ven limitadas sus posibilidades de ascenso profesional y académico. 

Para el periodo 2016-2017, según el DANE, las mujeres en Bogotá trabajan 13 horas y 32 minutos al día y, de ellas, 4 horas no son remuneradas porque incluyen actividades de trabajo doméstico no pagado y de cuidados, entre otros. Por su parte, los hombres en la capital tienen una carga global de trabajo diario de 11 horas y 47 minutos y, de ese tiempo, una hora y 19 minutos están relacionadas con ese tipo de labores. 

No pocas veces se ha señalado la enorme contribución económica que significan esas horas diarias que dedican las mujeres a actividades domésticas y del cuidado y su influencia en el trabajo productivo y reproductivo. Incluso, en aplicación de la Ley 1413 de 2010[2], la ENUT estima que tales actividades de cuidado realizadas por terceros equivalen a cerca del 20% del PIB en Colombia y el debate se centra en cómo remunerar estas labores. Sin embargo, desde la perspectiva de la economía feminista, se ha sugerido que la solución a la feminización de la pobreza y a la naturalización de la economía del cuidado como labor de las mujeres no pasa necesariamente por el pago de estas actividades. Algunas autoras, como Cristina Carrasco, proponen reestructuraciones profundas para que la economía se piense y se realice alrededor de las personas, lo cual exige una reorganización de los tiempos y los trabajos, tanto el del mercado como el del cuidado, entre otros aspectos, lo cual supone un cambio de valores. 

La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género del Distrito prioriza el derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad, entre otros derechos; en su implementación, se han estructurado diferentes acciones que propenden por el ingreso de las mujeres al mercado formal, de manera que puedan tener ingresos sostenidos y seguridad social. Estas estrategias deben estar acompañadas del apoyo de las organizaciones en las que ellas laboran, para contribuir así a la equidad de género, y además incluyen la comprensión de mujeres y hombres sobre que las labores del hogar deben ser repartidas de manera equitativa entre quienes lo componen. 

 

[1] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/cuentas/ec/EcoCuiResultadosFase1.pdf

[2] La Ley 1413 de 2010, en Colombia, reguló “la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas” y, para ello, ordenó al DANE la realización de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT).

http://cid.sdmujer.gov.co/

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